Establecer un marco normativo que impida la realización de jornadas fuera de la ley es la prioridad del departamento que dirige Yolanda Díaz, que para lograrlo ha iniciado una consulta pública destinada a fijar los estándares técnicos de obligado cumplimiento para las empresas. Con este proceso, el Ministerio de Trabajo busca asegurar una vigilancia real del tiempo laboral y, de este modo, erradicar definitivamente el fraude en las horas extraordinarias.
La futura normativa prevé que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda acceder en cualquier momento a los registros de jornada, por lo que los datos deberán mantenerse correctamente almacenados y disponibles. En este contexto, también se establecerá que los sistemas de registro sean inalterables, evitando cualquier modificación indebida de la información relativa al inicio y final de la jornada laboral. Estas condiciones técnicas formarán parte de una orden ministerial que el Ministerio de Trabajo está preparando, destinada a desarrollar y dar soporte al real decreto actualmente en tramitación. No obstante, al encontrarse el texto aún en fase de consulta pública, sus disposiciones definitivas podrían experimentar ajustes antes de su aprobación.
Los principios de trazabilidad, fiabilidad, accesibilidad y objetividad —ya contemplados en el decreto— constituirán los cuatro pilares fundamentales sobre los que se asentarán estos criterios mínimos. En la práctica, lo que busca la nueva regulación es blindar la seguridad técnica de cada registro horario en los centros de trabajo.
Hasta el próximo 21 de marzo, el periodo de consulta pública permitirá recibir propuestas para perfilar los requisitos tecnológicos que deberán adoptar todas las compañías. El documento oficial, que se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para dar solidez a estos conceptos, insiste en que proteger los descansos mínimos y respetar los límites de la jornada máxima es un imperativo legal ineludible.
El Gobierno podrá proceder a la aprobación definitiva del reglamento en el Consejo de Ministros una vez que el Consejo de Estado emita su dictamen, algo que se espera para dentro de dos semanas. Mientras se pulen los detalles técnicos para facilitar la labor inspectora, el texto principal del real decreto ya suma quince días bajo el análisis de dicho órgano consultivo. En este sentido, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha remarcado que la digitalización obligatoria es el corazón de la reforma, permitiendo que la Inspección supervise los datos de forma remota e instantánea.
Por otro lado, aflorar los 2,5 millones de horas extraordinarias que el Ejecutivo estima que se quedan sin pagar en España podría elevar los ingresos por cotizaciones y el IRPF. Según la memoria del proyecto, aunque este afloramiento es necesario, no se contempla que las arcas públicas experimenten un impacto presupuestario de gran magnitud por este concepto.
La identificación precisa del empleado, el tipo de contrato (parcial o completo) y el reflejo exacto del minuto de entrada y salida son exigencias que figuran en los últimos borradores del proyecto. Además, el sistema deberá computar todas las pausas que no computen como tiempo de trabajo efectivo. Con estas medidas, se pretende endurecer una obligación que está vigente desde 2019, pero cuya aplicación ha presentado lagunas y carencias hasta la fecha.
El consenso interno dentro del Ejecutivo ha generado ciertas fricciones durante la puesta en marcha de esta medida, a pesar de que, al ser un real decreto, no requiere el visto bueno del Congreso de los Diputados. Mientras que el Ministerio de Trabajo solo contempla un margen de 20 días tras la publicación en el BOE para que las empresas se ajusten a la ley, el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo aboga por una transición «equilibrada». Desde la cartera de Economía se solicita que la norma incluya periodos de adaptación para que las mejoras sean sostenibles y no impliquen costes inasumibles para el tejido empresarial.